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Por: José Alejandro Godoy | April 4, 2022
Disolver: La historia detrás del 5 de abril
Foto sobre Disolver: La historia detrás del 5 de abril
A 30 años de la disolución del Congreso, presentamos el capítulo de «El último dictador» alrededor del 5 de abril.

Este año se cumplen 30 años de la disolución del Congreso por parte de Alberto Fujimori. Existen muchas teorías al respecto de qué o por qué sucedió. Como parte de su exhaustiva investigación, en «El último dictador», José Alejandro Godoy nos presenta una versión detallada de los acontecimientos que se esconden atrás de aquella palabra que se quedó instaurada en el imaginario peruano tras aquel Mensaje a la Nación y que hoy ponemos a disposición de nuestros lectores.

DISOLVER, DISOLVER

(Abril – Mayo, 1992)

Hasta las 8.00 p. m. del domingo 5 de abril, no había noticia de interés alguna. El torneo peruano de fútbol, cuyas incidencias eran las que ocupaban a las redacciones de la prensa los domingos, se iniciaría recién en la siguiente semana. Ese día de 1992 transcurría sin ninguna novedad.

La única entrevista de fondo en los programas dominicales fue concedida por Alfonso de los Heros, quien manifestó que el martes 7 de abril se presentaría los resultados de un diálogo nacional, que buscaba cerrar los conflictos con el Congreso de la República.

Abruptamente, cuando miles de peruanos estaban ya por apagar sus televisores, hacia las 10.30 p. m. apareció un cintillo: «Mensaje a la Nación del Presidente Constitucional de la República Ing. Alberto Fujimori Fujimori».

Vestido con terno oscuro y corbata negra, acompañado de una pequeña bandera nacional y un fondo del mapa del Perú, el ingeniero comenzaría la alocución que cambiaría la política del país.

La posibilidad de un golpe de Estado en el Perú se había conversado desde 1987 en estamentos militares. Personal en actividad y altos oficiales en retiro evaluaron el escenario y arribaron a dos conclusiones claras: Alan García está haciendo un mal gobierno y se requiere enfrentar tanto a la crisis económica como al terrorismo. Para esta última misión, era necesario instalar un gobierno castrense de largo aliento.

A partir de 1988, un sector de militares preparó un Plan Verde, que sería ajustado durante los dos años siguientes. Sus líneas matrices eran bastante nítidas. En lo económico, se tendría un plan destinado a la atracción de la inversión privada y el capital extranjero, la creación de un sistema privado de pensiones similar al instaurado en Chile durante la dictadura de Pinochet y, sobre todo, se buscaría la reducción de la inflación para legitimar al gobierno.

El diagnóstico poblacional era sumamente racista: era necesario detener el crecimiento demográfico en el país, sobre todo, «de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados». El remedio propuesto eran programas de esterilización masiva. A la par, se hablaba abiertamente de la eliminación física de terroristas y narcotraficantes.

Políticamente, el plan planteaba un gobierno de facto, con el control delos medios de comunicación, a través de campañas psicológicas, censura e invitación a la autocensura a los empresarios. A diferencia de lo ocurrido con Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, no se planteaba la expropiación como salida.

Montesinos conocía a varios de los autores del plan. Lo que hizo fue adaptarlo a la nueva situación, de modo que su Servicio de Inteligencia Nacional cobraría mayor importancia.

Con voz cadenciosa y semblante serio, Fujimori señalaba que su gobierno era «la última oportunidad» que tenía el Perú para encontrarse con su destino. Aseguraba que ya había obtenido algunos logros como la reinserción en el sistema financiero internacional y el control de la inflación. Pero existía un gran obstáculo:

—A la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial se suman la evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del gobierno por parte de las cúpulas partidarias. Estas cúpulas, expresión de la politiquería tradicional, actúan con el único interés de bloquear las medidas económicas que conduzcan el saneamiento de la situación de bancarrota que, precisamente, ellas dejaron.

El mensaje continuaba con su mensaje antipartido que lo había caracterizado durante los veinte meses de su gestión. Señalaba como ejemplos de la obstrucción del parlamento la derogación de un decreto sobre lavado de activos, la Ley de Control de los Actos Normativos del presidente de la República, la imposibilidad de observar la Ley de Presupuesto, y la no adopción de normas de austeridad en el Congreso.

Los jueces merecieron capítulo aparte en su mensaje. Aunque varias de sus críticas eran justas, terminaba haciendo generalizaciones gruesas:

—Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes, o el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguidos por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia.

Fujimori también consideraba que se habían generado nuevos «centralismos regionales». Dicho esto, habló de la reconstrucción nacional que él encabezaría. Y señaló que tomaría las «siguientes trascendentales medidas»:

—Primero: Disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo: Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.

Mientras tanto, las tanquetas y tropas salían a la calle. El golpe de Estado se había consumado.

Fujimori tomó la decisión del golpe de Estado en noviembre de 1991. Tres fuentes ratifican esta conclusión. La primera es el propio mandatario, quien había publicado en 1999 unas memorias serializadas en un diario japonés. En esta publicación periódica, Fujimori indicó que la derogación de los decretos legislativos sobre pacificación había sido la causa para ello. Sin embargo, el golpista sostuvo ante la Sala Penal Especial que recién tomó la decisión del golpe a inicios de 1992.

Una segunda fuente es Vladimiro Montesinos, quien le había dicho a Francisco Loayza —con quien aún mantenía amistad— y al general Edgardo Mercado Jarrín, de quien había sido secretario, que existía la idea de un golpe cívico militar. Loayza escribió sobre esta versión, recogida por varios autores.

La tercera fuente es un colaborador cercano de Fujimori, quien le dijo al asesor político de la embajada japonesa en Lima, Yuzuke Murakami, que su jefe iba continuamente a la Comandancia General del Ejército en San Borja. El pretexto era hacer ejercicios. Pero, en realidad, en el Pentagonito—apelativo de la sede militar, en comparación con la sede central del Departamento de Defensa de los Estados Unidos— lo que se ultimaba era la interrupción del orden constitucional.

Una vez que Hermoza fue elegido comandante general del Ejército, se sumó a los preparativos. Para febrero, intervino en una reunión en Palacio de Gobierno con miras a preparar los detalles del golpe. Fujimori dividió las tareas: el mantenimiento del orden público estaría a cargo de Hermoza, mientras que la parte política correspondía a Montesinos. A Rafael Merino Bartet, un veterano colaborador del SIN encargado de vestir con ropaje legal y elegante las órdenes más draconianas, se le encargó la elaboración del mensaje de Fujimori, así como la redacción del comunicado de la cúpula militar respaldando el golpe. Según Merino, Montesinos le indicó que el Congreso buscaba vacar a Fujimori y que, por ello, se tomaba esta medida excepcional.

La decisión sobre el día exacto del golpe fue tomada el 3 de abril y se les comunicó a los comandantes generales de los institutos armados. Al día siguiente, ellos harían lo propio con sus estados mayores.

El domingo 5 de abril por la mañana, Fujimori y Montesinos corrigieron el texto final del mensaje. En la tarde, grabó el discurso. Para el anochecer, las tropas solo esperaban la señal de Hermoza para salir a la calle.

Iniciada la noche, fueron convocados al Pentagonito los representantes de los principales canales de televisión: Manuel Delgado Parker (Panamericana), Nicanor González (América) y Samuel y Mendel Winter (Frecuencia Latina). Allí les comunicaron la medida. Los Winter fueron los más entusiastas. Delgado Parker y González expresaron su preocupación por la libertad de prensa. Fujimori dio una respuesta vaga e indicó que esperaba que los canales pasaran el mensaje. Así se hizo.

Solo a las 9.00 p. m. fueron convocados los miembros del gabinete ministerial, de forma tan sorpresiva que algunos tuvieron que ir en el mismo auto con el único chofer disponible. De los Heros venía de la ya mencionada entrevista donde anunciaba un acuerdo con un sector de la oposición y se pensaba que se anunciaría la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. Fujimori les pasó el video del mensaje. El presidente del Consejo de Ministros lo vio y quedó descolocado. Llegó a la conclusión de que estábamos ante un golpe de Estado y renunció en el acto. Lo mismo hizo el ministro Gustavo González Prieto, titular de la cartera de Agricultura. Todos los demás ministros tuvieron que poner sus cargos a disposición de Fujimori, pero no se fueron.

El más entusiasta fue Blacker Miller:

—Todo se puede manejar sin problema y ya he hecho gestiones internacionales para que todo se haga sin problemas.

Otro ministro bastante animado con la decisión golpista era Augusto Antonioli, ministro de Trabajo y muy cercano a Montesinos.

Boloña estaba en duda: sabía que era una medida inconstitucional, pero pensaba que al irse se ponían en riesgo los avances económicos. Optó por quedarse. Lo mismo hizo la mayoría del gabinete.

Fujimori citó a de los Heros a Palacio a primera hora del 6 de abril. Trató de convencerlo de quedarse. No pudo. El abogado cogió sus cosas y se fue. Lo mismo harían las abogadas de su equipo de reforma del Estado.

Dado que la noticia se produjo cuando los programas periodísticos dominicales habían concluido sus emisiones, no hubo mayores reacciones inmediatas al golpe de Estado. El único programa en vivo era Goles en acción, un programa deportivo transmitido por Global Televisión, conducido y dirigido por el abogado y periodista Alberto Beingolea. Fue la única voz que, en solitario, protestó por la medida de interrupción del orden democrático en la televisión nacional aquella noche.

En una radio en particular, las protestas se hicieron sentir. Antena 1 era una estación cercana al APRA y, desde allí, diversos políticos de oposición se pudieron expresar:

Felipe Osterling, presidente del Senado:

—Estoy indignado ante el golpe de Estado. Repudio lo que ha hecho Alberto Fujimori. Estoy con arresto domiciliario y algunos colegas senadores han sido detenidos. Este es un hecho repudiable y por eso convoco a los peruanos y a los hermanos de América frente a este latrocinio, que pisotea la Constitución y la Ley Estoy detenido y han rodeado la manzana de mi casa. Los peruanos tienen el derecho de insurgencia, porque esto es un golpe de Estado. colegas senadores han sido detenidos. Este es un hecho repudiable y por eso convoco a los peruanos y a los hermanos de América frente a este latrocinio, que pisotea la Constitución y la Ley Estoy detenido y han rodeado la manzana de mi casa. Los peruanos tienen el derecho de insurgencia, porque esto es un golpe de Estado.

Henry Pease, senador de Izquierda Unida:

—Quiero expresar mi absoluto repudio a la decisión del presidente de la República. El señor Fujimori ha perdido legitimidad porque ha violado la legalidad y los términos en los que fue elegido. Quiero expresar mi adhesión al presidente del Senado, quien se ha expresado a pesar de estar detenido. La izquierda en particular no va a aceptar que se nos imponga otra dictadura. Esta democracia costó mucha lucha y esfuerzo del pueblo.

Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú:

—Felicito la valentía de Antena 1 por propalar esta protesta ante la afrenta a la Constitución. Expresamos nuestra protesta y nuestra condena, por esta actitud.

Gustavo Mohme, principal accionista de La República:

—Tenemos intervención militar. También han entrado a la impresora. Vamos a tratar de sacar el diario. Hay una censura en este momento.

Luego de la intervención de Mohme, Antena 1 tuvo que interrumpir su transmisión por orden militar. El locutor Henry Aragón lanzó al aire el Himno Nacional. La única radio que pudo transmitir en contra del golpe durante unos días más fue Radio Santa Rosa, una radio pastoral que transmite desde el Convento de Santo Domingo, que nunca pudo ser ubicada.

La República salió al día siguiente con algunos espacios en blanco, producto de la censura. El Comercio pudo salir a circulación, a pesar de que hubo una ocupación de las tropas. El diario expresó su rechazo al golpe de Estado, en su tono contemporizador. La revista Caretas también fue ocupada brevemente. Sus periodistas protestaron. Su portada, al salir poco después, fue clara: el rostro de Fujimori con una gran X encima, y un titular que era un editorial en sí mismo: Tachado internacionalmente.

En su versión original, el Plan Verde tenía planteado el arresto de diversas personas allegadas al APRA, comenzando por Alan García. Fueron apresados los exministros del Interior Abel Salinas y Agustín Mantilla, quienes no tenían poder alguno para 1992. Lo mismo ocurrió con policías en situación de retiro que habían ocupado puestos de mando durante la administración aprista. La lectura del plan original contemplaba que el viejo partido tenía fuerzas de choque armadas que podrían contrarrestar la interrupción del orden democrático. Para el 5 de abril de 1992, ese escenario no existía.

Esto explica por qué el intento de arresto de Alan García fue tan rocambolesco. Cientos de soldados se trasladaron a la vivienda del expresidente, ubicada en la urbanización Chacarilla del Estanque, a pocas cuadras del Pentagonito. García fue alertado de lo ocurrido y escapó por los techos de las viviendas vecinas. Mientras tanto, el diputado y leal abogado de García, Jorge del Castillo, disparaba al aire y luego salió a hablar con los militares.

A del Castillo se lo terminarían llevando a las instalaciones de la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos. Allí estuvo retenido contra su voluntad durante cinco días.

El expresidente García encontró refugio a pocas viviendas. Juan Carlos Hurtado Miller, expresidente del Consejo de Ministros, le dio cabida unas pocas noches. Luego pudo ir a la casa de un amigo suyo, Carlos Montoya y, posteriormente, estuvo alojado en la vivienda de su compañera de partido, Judith de la Mata. Desde la clandestinidad, aseguraba que iniciaría una resistencia contra la dictadura.

Sin embargo, 56 días después, García entraría escondido en el auto de del Castillo a la embajada de Colombia en Lima. Solicitó asilo diplomático. Se le concedió la salida dos noches más tarde. A partir de ese momento, inició una estancia prolongada entre Bogotá y París que se prolongaría durante cerca de ocho años.

A unos pocos kilómetros de la casa de García, en Miraflores, el periodista Gustavo Gorriti se preparaba para escribir una crónica para el extranjero sobre el golpe de Estado. Sonó el timbre. Anticipando a qué venían, encerró a sus dos perros, llamó a una persona para que difundiera la noticia sobre su posible arresto y, finalmente, abrió la puerta. Sujetos con ametralladoras y pistolas entraron a su casa. Para él, era claro que eran miembros del Servicio de Inteligencia.

La orden de detención genérica había sido firmada por Hermoza el 5 de abril y fue redactada por Merino Bartet. Hermoza firmó la detención de Gorriti frente a Montesinos, con la anuencia de Fujimori.

Con poco más de cuarenta años, Gorriti era uno de los periodistas más importantes del país. Sus informes de investigación habían revelado grandes casos de narcotráfico —incluyendo el caso Langberg, que generó un quiebre generacional en el APRA y permitió el rápido ascenso de Alan García a la secretaría general del partido en 1982— y violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. También había escrito un libro sobre Sendero Luminoso que era consultado por expertos en subversión. No menos importante: había sido la persona que, en 1983, dio a conocer al país las acciones pasadas de un exmilitar y oscuro abogado llamado Vladimiro Montesinos.

Con rapidez, los militares le hicieron notar para qué habían ido: lo querían a él y a su computadora. Lo trasladaron al Cuartel General del Ejército y lo internaron en un área clandestina y bastante sucia. Gorriti se puso en huelga de hambre y optó por no dormir. Le pidieron la clave de la computadora. Se negó a entregarla. Un día después, finalmente decidieron ponerlo en custodia de Seguridad del Estado, con lo que su secuestro se terminó convirtiendo en detención y, pocas horas más tarde, en liberación. Intervinieron los buenos oficios del embajador de España en el Perú y de Aronson, el diplomático estadounidense que aún estaba en Lima.

Mientras se hallaba detenido en Seguridad del Estado, lo llamó el general Antonio Ketín Vidal, jefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú. Le dijo que Montesinos había insistido para que el periodista fuera acusado por terrorismo y le dio a entender que Fujimori conocía su detención.

Cuando Gorriti salió en libertad, el 7 de abril de 1992, reseñó que había sido invitado por militares para dar conferencias sobre su libro Sendero y que, en ningún momento, nadie le había reprochado por su texto. Con cierta sorna, se quejó de que no le habían devuelto ni sus pasadores, ni su computadora, ni su disco duro. «La legitimidad democrática es uno de los bastiones firmes para tener un principio sólido en la guerra política contra Sendero. Al haberse autosaboteado, le ha dado una gran arma a Sendero», declaró el periodista en su domicilio a la prensa nacional y extranjera.

Fujimori brindó una conferencia de prensa en torno al golpe de Estado horas más tarde, el 8 de abril. Gorriti acudió y lo confrontó con estas palabras:

—Quisiera preguntar, ingeniero, ¿con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista? ¿Con qué derecho se arrebata y se secuestra su computadora, el material y los archivos de años de trabajo? ¿Esa es la forma en la que se va a tratar a la prensa en general o solo a algunos periodistas que se juzgue críticos e inconvenientes para el régimen?

El ingeniero, visiblemente incómodo por la pregunta —y por el hecho de que no lo llamaran presidente—, atinó a responder lo siguiente:

—En el caso suyo, sé que se le ha retenido su computadora y los archivos. Entiendo que esto está en manos de Seguridad del Estado. Espero que la investigación culmine lo antes posible, señor Gorriti, y le sea devuelta su computadora y sus documentos en un plazo menor de siete días. En cuanto a la libertad de prensa, ha habido un paréntesis en este derecho elemental. Se va a respetar totalmente, como lo pueden ver en estos momentos.

Nunca le fue devuelta la computadora a Gorriti. De hecho, recién fue remitida el 14 de abril de 1992 a Seguridad del Estado, según documentación reconocida por Merino Bartet. Fujimori había mentido.

Dos días después del golpe de Estado, la revista Caretas captó una imagen sintomática de los tiempos. Por la puerta lateral de Palacio de Justicia, ubicada en la calle Miguel Aljovín, se veía a un grupo de personas que estaba sacando subrepticiamente un conjunto de expedientes judiciales. Las rumas de documentos eran subidas a una camioneta. Nunca se supo de qué documentos se trataba. Tampoco se conoció su destino final.

No era lo único que ocurría en el clausurado sistema de justicia. Para el 8 de abril, el gobierno emitió el decreto ley 25423, que cesó a trece vocales supremos. Posteriormente, el decreto ley 25425 implicó la destitución del fiscal de la Nación, Pedro Méndez Jurado.

El 23 de abril de 1992, el gobierno dictó el decreto ley 25446, que tenía dos grandes medidas. Se cesó a 133 magistrados en Lima y Callao de distintas instancias judiciales y fiscales. Había magistrados destacados entre los despedidos, como César San Martín Castro, Luis Vargas Valdivia, Avelino Guillén e Inés Tello, así como otros nombres que durante años fueron ligados al APRA, como César Vega Vega. Curiosamente, entre la lista, se encontraban personajes que luego serían funcionales al régimen, como Alejandro Rodríguez Medrano.

Esta norma también creaba una Comisión Evaluadora del Poder Judicial, integrada por tres vocales de la Corte Suprema de Justicia. Dos de los magistrados que la integraron, Luis Almenara Bryson y David Ruelas Terrazas, habían sido designados vocales supremos ese mismo día. El otro vocal supremo integrante era Luis Serpa Segura, quien presidía la Corte Suprema. De acuerdo con el Informe de la Comisión Investigadora de la influencia del gobierno fujimorista en la administración de justicia, Santiago Fujimori, Jaime Yoshiyama y el ministro de Justicia Fernando Vega Santa Gadea intervinieron directamente en la depuración y selección de magistrados. La Comisión Evaluadora fue cuestionada por sus arbitrariedades y, peor aún, se emitió una norma para evitar cualquier tipo de demanda de amparo por vulneración de derechos.

Así empezaba el control del sistema de justicia.

A diferencia de lo que había dicho Blacker Miller, la reacción internacional frente al golpe de Estado no fue favorable. A inicios de la década de los noventa, estábamos ante una comunidad internacional más proclive a defender los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La Guerra Fría había terminado y aquellas instituciones enunciadas por Estados Unidos y el mundo occidental se expandían en buena parte del mundo. Al menos en el papel.

Para el Perú, la situación era más complicada por dos razones internas. El país recién se estaba reinsertando en la comunidad financiera internacional, por lo que su credibilidad estaba en pleno proceso de reconstrucción. Y, al mismo tiempo, en medio de la lucha contra la subversión y el narcotráfico, existían serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos y tolerancia al tráfico ilícito de drogas contra miembros de las fuerzas del orden.

En la región, Venezuela asumió la actitud más férrea, al romper relaciones diplomáticas con el gobierno peruano. De hecho, el embajador peruano en Caracas, el diplomático y excanciller Allan Wagner, decidió asilarse en ese país junto a su familia. Colombia suspendió relaciones diplomáticas y Argentina llamó a consulta a su embajador, a modo de protesta. El Perú fue suspendido en su participación del Grupo de Río, un foro de consulta de los países latinoamericanos.

Desde las primeras horas de la interrupción del orden constitucional, Mario Vargas Llosa se pronunció en contra de la medida. El escritor, que residía entre Madrid y Berlín en 1992, condenó el golpe de Estado. En su columna habitual en El País, distribuida en diversos países del mundo, el excontendor de Fujimori señaló que: «Clausurando un Congreso representativo y fabricando uno ad hoc, fantoche, como hacen todas las dictaduras y como el ingeniero Fujimori promete hacer, no van a mejorar las costumbres ni la cultura democrática del Perú: van a empeorar». En otras declaraciones, indicó que debía retirarse la ayuda internacional al Perú, en tanto el país fuera gobernado por un dictador. En Europa, Alemania y España decidieron suspender dicho apoyo económico.

El presidente estadounidense George H. W. Bush llamó a Fujimori por teléfono al día siguiente del golpe. El dictador le aseguraba al mandatario de la principal potencia mundial que estábamos ante «una situación transitoria que no durará más de doce meses». Bush le remarcó que, si bien querían mantener la cooperación para la lucha contraterrorista, la batalla contra el narcotráfico y la recuperación económica, «sus acciones me hacen muy difícil si no imposible continuar con nuestros programas». Desde Washington, el presidente le quería hacer notar a Fujimori que, desde fuera, el golpe se veía muy mal y que las relaciones no serían normales, en tanto la democracia no se restaurara. El gobernante peruano adelantó un cronograma preliminar: un referéndum sobre las medidas tomadas para junio de 1992, un debate sobre las reformas constitucionales que propondría una comisión de expertos en septiembre, un referéndum modificatorio de la Constitución en noviembre y, finalmente, un nuevo Congreso que sería elegido en marzo de 1993. Bush cerró la llamada, esperando los anuncios de Fujimori.

Estados Unidos hizo sentir su presión. Aronson se fue rápidamente del país y se suspendió la ayuda económica, con excepción de la humanitaria. Sin embargo, Washington reconoció a Fujimori como el gobernante a cargo. Tampoco se impusieron embargos internacionales como había ocurrido con Haití en 1991. Dando cuenta de las diferencias entre las agencias de ese país frente al régimen, los funcionarios de la DEA en el Perú permanecieron en sus puestos. Para el gobierno estadounidense, el cronograma de Fujimori y los pasos enunciados para la supuesta normalización democrática no eran del todo aceptables, dado que no se había consultado a la oposición sobre los mismos.

En Japón no hubo oficialmente una reacción desfavorable. De hecho, los diarios japoneses recibieron cartas apoyando las medidas tomadas por Fujimori. Sin embargo, en la práctica, Japón suspendió toda ayuda al Perú, incluyendo la humanitaria. Las declaraciones oscilaban entre la búsqueda de la normalización y la condena a la salida autoritaria. El gobierno japonés le envío cartas a Fujimori señalando que las relaciones estaban condicionadas al retorno de la democracia.

Era claro que Fujimori no esperaba esta respuesta internacional. No obstante, Fujimori tenía algo más sosegado el frente interno. Para comenzar, la mayor parte de peruanos aprobó el golpe de Estado. De acuerdo con una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado —hoy Ipsos Perú—, 80 % de peruanos estaba a favor de la disolución del Congreso y 81 % aprobaba el cese de la Corte Suprema. Fue la única vez que la empresa encuestadora publicó un deslinde con los resultados, pues estaba en contra de la medida.

Sin embargo, otra encuesta realizada por la mencionada empresa indicaba que si Fujimori no retornaba al régimen constitucional la desaprobación pasaría a ser de 71 %.

¿Por qué existió este consenso a favor del golpe de Estado? La hipótesis más plausible la tiene la politóloga estadounidense Jo– Marie Burt. A su criterio, el factor fundamental no reside tanto en lo que algunos podrían caracterizar como la histórica tradición autoritaria peruana, sino más bien en la crisis de autoridad que se generó con el conflicto armado interno. El Estado peruano fue visto como incapaz, los políticos como ineficientes y corruptos y, en general, la sociedad peruana optó por el orden y la eficacia a cualquier costo. Estos fueron los valores que se instalaron a fines de la década de los ochenta, permanecieron durante la década de los noventa en un sector que apoyó a Fujimori y hoy aparece por temporadas en distintos sectores de la ciudadanía.

Para legitimarse, Fujimori echaba mano de diversas manifestaciones públicas. Miles en las calles vitoreaban al mandatario. Varios eran espontáneos. Otros no lo eran tanto. El 8 de abril, hizo su primera aparición con gremios empresariales. El presidente de la Asociación de Exportadores, Eduardo McBride, había convocado a una reunión para amparar al golpista. Fujimori dijo como frase saltante de su discurso: «Hay que buscar otro nombre para bautizar al sistema que hemos eliminado. Le llamamos la coimacracia». Los empresarios aplaudieron entre risas. Fujimori también dijo: «Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza: Chino, sigue adelante, no retrocedas. Juicio a los corruptos». Había llegado el Pinochet que varios de los dirigentes empresariales querían para el Perú. De hecho, eso le dijo un dirigente empresarial al politólogo y experto en grupos económicos, Francisco Durand, en 1994.

Un día antes, la CONFIEP emitió un comunicado oficial. Si bien «rechazaba un acto de gobierno que vulnera la Constitución» —ni siquiera se atrevió a llamarlo golpe de Estado—, acto seguido compró por entero la justificación dada por Fujimori para el legicidio. El pronunciamiento indica que los empresarios no dejarían de trabajar, priorizando los intereses por el Perú. Al final, pedía a «los países amigos y a los organismos internacionales» que no cesen su ayuda económica. Según declaró Alfredo Tello, gerente de CONFIEP, a Durand, «con el golpe, le dimos a Fujimori apoyo masivo a través de un comunicado publicado en la prensa manifestando nuestra posición».

La mayor demostración de masas hecha por Fujimori se produjo el 20 de abril de 1992 en la Plaza San Martín, lugar de grandes concentraciones políticas durante el último siglo. Convocó a un mitin con aproximadamente 20 000 personas. Luego de la animación de cómicos y músicos de diversos géneros —algo constante en su periodo de gobierno—, Fujimori prometió que el Congreso reduciría su tamaño y que los nuevos parlamentarios ganarían sueldo mínimo. En un país donde los congresistas son percibidos como autoridades que no hacen mucho por las necesidades concretas de las personas, la perorata fujimorista fue aclamada por la multitud.

El gabinete que Fujimori armó después del golpe estuvo encabezado por Óscar de la Puente Raygada, abogado y compañero de promoción escolar de Fujimori en el colegio Alfonso Ugarte. Todos los ministros del gabinete de de los Heros, salvo él y González, decidieron quedarse en sus puestos. Pero el equipo no estaba exento de pugnas internas.

Carlos Boloña consideraba que el programa económico estaba en peligro, al mismo tiempo que era apoyado por los empresarios. Luego de un viaje a Estados Unidos, creía que la comunidad internacional no respaldaría al Perú. Y, además, tenía la oposición interna de Blacker Miller y del ministro de Industrias, el empresario peruano de descendencia china Víctor Joy Way. Luego de presentar una carta de renuncia el 20 de abril de 1992, sustentando la inviabilidad de su programa ante el posible aislamiento internacional provocado por el golpe, Boloña negoció con Fujimori: o se iban los ministros en su contra o se marchaba él. El titular de Economía y Finanzas ganó la partida: de la Puente Raygada asumió la Cancillería y el expresidente de CONFIEP, Jorge Camet, reemplazaba a Joy Way. Este último relevo sería una señal del apoyo empresarial al golpe.

La resistencia opositora, como ya hemos visto, comenzó el mismo 5 de abril. Esa noche, Fernando Olivera se dirigió al Congreso, aunque no pudo ingresar debido al resguardo militar. Los miembros del movimiento Libertad firmaron un comunicado en contra del golpe, al igual que el APRA y los partidos de izquierda.

Al día siguiente, Roberto Ramírez del Villar, desde su domicilio, protestaba por la medida. Un intento de concentración de diputados en la puerta de la casa del presidente de la disuelta Cámara de Diputados, ubicada en San Isidro, fue rápidamente acallado entre chorros de agua y bombas lacrimógenas. Mientras tanto, Fujimori le decía a la prensa internacional que «no era un golpe tradicional ni militar».

Ese mismo día, cerca del anochecer, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima y senador disuelto, Raúl Ferrero Costa, procuró abrir las puertas de la institución para que se reunieran los parlamentarios legítimos. Hubo forcejeos con la Policía y, nuevamente, se repitieron las escenas de la mañana. Con el veterano líder aprista Armando Villanueva pasó lo mismo.

Para el 7 de abril, los parlamentarios pudieron sesionar inicialmente en la iglesia Virgen del Pilar. Decidieron esperar el regreso del primer vicepresidente, Máximo San Román, quien estaba fuera del país.

En forma clandestina, en la casa de Lourdes Flores Nano, varios de los parlamentarios disueltos se reunieron el 10 de abril, de manera que Carlos García y García, segundo vicepresidente, asumiera la Presidencia del Perú, en tanto San Román estaba fuera del país. Aunque la mayoría de los peruanos y los gobiernos extranjeros reconocían que Fujimori tenía el mando, el gesto era una forma de presión internacional. Sin embargo, el vicepresidente evangélico se asiló al día siguiente en la embajada de Argentina en Lima.

El 13 de abril, se celebró una reunión especial de los ministros de relaciones exteriores de los Estados integrantes de la Organización de Estados Americanos. Acudieron representantes de la oposición como Javier Diez Canseco, Pedro Cateriano, Ántero Flores–Aráoz, entre otros. Blacker Miller asistió por el gobierno. La OEA decidió condenar la interrupción del orden constitucional, exigió al gobierno la recuperación del orden democrático y el inicio del diálogo con la oposición. Se decidió enviar a una comitiva de alto nivel a Lima para facilitar el intercambio entre Fujimori y sus opositores democráticos. Pero en ningún momento se reconoció la existencia de dos gobiernos paralelos o de un presidente distinto a Fujimori.

Para Semana Santa, llegó San Román a Lima. El 26 de abril, en la sede del Colegio de Abogados, juró ante los senadores y diputados como presidente constitucional. Fernando Belaúnde le dio una banda presidencial. En los días siguientes, San Román tendría luces y sombras en su accionar: pidió a los militares que desconocieran a un gobierno usurpador, pero estos se negaron. La única excepción fue el mayor PNP Juan Briceño, quien desde España envió una carta poniéndose a disposición de los congresistas, lo que le valió su baja de la institución. San Román también convocó a manifestaciones que fueron bastante concurridas, aunque sin despertar grandes pasiones. Y, para inicios de mayo, los medios que habían respaldado el golpe de Estado comenzaron a ridiculizarlo.

En paralelo, Hernando de Soto fue de nuevo convocado por Fujimori. El enlace fue Carlos Boloña, preocupado por la posibilidad de que su plan de reinserción internacional se desvanezca por la ruptura del orden constitucional. El 13 de abril ya se había reunido con él para señalarle que la comunidad internacional rechazaba el golpe. En sus versiones, dadas durante varios años, este sería el diálogo:

—Este es un éxito nacional.

—Sí, pero es un fracaso internacional. Su legitimidad como presidente depende de otros países.

—¿Cómo salimos de esto?

Allí comenzó a urdirse un plan inicial: de Soto sería comisionado por Fujimori para viajar a las principales capitales del mundo con el fin de convencer a los funcionarios internacionales de que la medida tomada por Fujimori era excepcional y que se restablecería la democracia.

Cuando la OEA anunció sus medidas, Fujimori estableció un cronograma, muy parecido al que le indicó a Bush. Sin embargo, Estados Unidos consideró que el plazo era muy largo. Aronson volvió a Lima en los primeros días de mayo. Allí le reiteró que el lapso de retorno a la democracia era extenso y le dejó un consejo: convocar a una asamblea constituyente.

La misión de la OEA estuvo en Lima entre el 3 y el 5 de mayo. La oposición exigió que, a cambio de la asamblea constituyente, Fujimori renunciara. El gobernante de facto insistió en el cronograma inicial. Desde Tokio fue enviado el diplomático Terusuke Terada, quien le indicó a Fujimori que, si no se normalizaba la situación democrática peruana, no solo se interrumpiría la ayuda económica, sino que probablemente vendrían sanciones al Perú. Fujimori acusó recibo del mensaje y le indicó a Terada que estaba evaluando otras opciones.

Fujimori viajó a Nassau, capital de Bahamas, donde se desarrollaría la asamblea de la OEA. El 18 de mayo, inició un mensaje en el que fustigaba las reglas de juego existentes, así como a la partidocracia. Pero esa parte del discurso, supuestamente escrito por de Soto, no era del todo original.

En 1996, el politólogo Charles Kenney, experto en América Latina, indicó en un artículo académico que varias de las frases de esa parte del discurso eran un plagio de una disertación doctoral del también politólogo Michael Coppedge sobre Venezuela. Coppedge había hecho algunas consultorías para el Instituto Libertad y Democracia. Según le indicó al periodista Gustavo Gorriti en 2011, de Soto no utilizó los insumos que le dio, sino su tesis doctoral. «Me siento traicionado por la forma en que se lo mal utilizó», refirió el académico estadounidense.

Más allá de la sección plagiada, Fujimori llegó con una propuesta concreta: un Congreso Constituyente Democrático que sería elegido en 1992, para elaborar un nuevo texto fundamental que debería ser ratificado mediante referéndum. Este CCD haría las veces de parlamento regular hasta 1995 y tendría una sola cámara. La comunidad internacional terminó aceptando la salida. La oposición se dividió: el APRA, buena parte de las izquierdas y Acción Popular decidieron no participar en el CCD. Mientras que el Frente Independiente Moralizador, un sector moderado de las izquierdas, el Partido Popular Cristiano, Solidaridad y Democracia y otros pequeños grupos decidieron intervenir.

Este es el motivo que explica por qué Fujimori no pudo prolongar un gobierno de facto abierto más allá de diciembre de 1992. Pero también las razones por las que, a la larga, sería el fundador latinoamericano de un régimen híbrido que no podría calificarse como democrático. Un tipo de gobierno al que Steven Levitsky y Lucan Way bautizarían como autoritarismo competitivo.

El último dictador
  • Autor: José Alejandro Godoy ,
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